Nueva demarcación judicial. ¿Pontevedra vs Vigo?
Pontevedra también existe. Sin embargo sus políticos no la defienden como si fueran pontevedreses. Impera, a mi juicio, el rédito político y la línea oficial.
Llevamos ya algún tiempo lanzando informes y propuestas, desde un Gobierno y desde otro. Que si comité de expertos, que si Consejo General del Poder Judicial.
La revisión del mapa judicial no puede ser realizada de espaldas a la ciudadanía y en detrimento de los criterios de eficacia, inmediación e igualdad que han de informar la más elemental definición de la Justicia.
Resultan inquietantes las propuestas de división de la provincia de Pontevedra en norte y sur. De accederse a la creación de una circunscripción sur, que abarcaría los actuales partidos judiciales de Vigo, Cangas, O Porriño, Ponteareas, Tui y Redondela, se incluiría una población de 587.341 habitantes, quedando el resto de la circunscripción norte con una población de 376.170 habitantes, produciéndose una notable desproporción entre ambas, siempre en favor de la zona más poblada actualmente, lo que sin duda contribuiría a frenar de forma progresiva y definitiva el crecimiento de la población del norte de la provincia, fomentando su despoblación.
Este planteamiento resulta, sencillamente inaceptable, pues supone formular una nueva división político-administrativa de forma subrepticia, comenzando por la división judicial y administrativa (ya en marcha, pese a que se niegue, con las Delegaciones Territoriales de la Xunta de Galicia) que terminaría culminándose inevitablemente con la política, logrando así una verdadera involución.
Se trata nada menos que de la división de la provincia de Pontevedra en dos, norte y sur, capitalizando Vigo gran parte del motor económico y de la población de la provincia en detrimento del resto de la misma. Partiendo del preconcepto de que Vigo debe ser la capital o el centro de todo, en detrimento de Pontevedra, condenada al ostracismo y abandonada a la suerte de la inversión política de conveniencia.
En línea con esta pretensión desaforada, incluso el propio Ministerio de Justicia está elaborando un Anteproyecto para crear una circunscripción de lo Mercantil en la provincia de Pontevedra, con jurisdicción sobre los de Vigo, Cangas, O Porriño, Ponteareas, Tui y Redondela, medida que se pretende justificar por el elevado volumen de litigiosidad, índice demográfico y existencia de núcleos industriales y mercantiles. Esto lo hemos visto en la propia página web de La Moncloa.
No nos cabe la menor duda que este planteamiento en lo mercantil se tratará de extrapolar a las demás jurisdicciones.
Sin embargo, estas propuestas ocultan la nefasta decisión que supuso la disgregación de la Audiencia Provincial de Pontevedra, como así viene demostrando la experiencia y, sobre todo, la estadística judicial. El desplazamiento de salas de la Audiencia a Vigo solo ha redundado en retrasos inasumibles[1] en la administración justicia, que solo hacen de peor condición a los ciudadanos de Vigo y que carecen ya de justificación alguna, máxime cuando la jurisdicción civil se circunscribe a los recursos de apelación, que no requieren la presencia física de los justiciables, tramitándose por escrito en la gran mayoría de los casos, siendo excepcional la celebración de vistas. No es ni razonable ni coherente con una manifestada concentración mantener el reparto de asuntos para las salas desplazadas que solo afecta la circunscripción de Vigo y Redondela. Y semejante planteamiento solo busca crear una Audiencia paralela o distinta, localizada en Vigo, como expresión de un localismo exacerbado y en constante tensión. Lo están planteando, con los Tribunales de Instancia.
Precisamente la creación de esa circunscripción mercantil trataría de llenar de contenido a un Juzgado de lo Mercantil en Vigo que carece de entidad suficiente para haberse creado, dándole a posteriori un ámbito que en absoluto le corresponde para justificar su creación ex post facto.
Semejantes propuestas solo contribuyen al desequilibrio territorial, planteando un escenario en el que la población, la actividad económica y las infraestructuras se concentren en una parte relativamente reducida de la Comunidad, el corredor atlántico, dejando en peor condición a las restantes zonas, lo que incrementará las diferencias de calidad de vida existentes entre los habitantes de las zonas urbanas y de las rurales.
Y también van en contra de los principios constitucionales de descentralización y desconcentración, bajo los cuales debe actuar la Administración Pública, según la Constitución.
El progreso social y cultural alcanzado desde la instauración de la democracia en España ha supuesto un incremento de la litigiosidad y, con ello, el colapso de los distintos órdenes jurisdiccionales, que no están dotados de medios para asumir la creciente necesidad del servicio público.
Y los poderes públicos, en lugar de acometer la nueva realidad, incrementando las dotaciones y medios que requiere la administración de justicia, diseñan y aplican políticas y toman decisiones que más bien suponen lo contrario: reducen los supuestos en los que los administrados pueden acceder a la revisión de las resoluciones judiciales, recortando sensiblemente las posibilidades de recurso; se establece la regla de vencimiento en la imposición de costas en el orden contencioso-administrativo, vuelta de las tasas judiciales, etc., aplicando criterios que más que promover o favorecer el acceso a la justicia en condiciones de plenitud, efectividad e igualdad, limitan o cercenan dicho derecho fundamental.
Una cosa está bien clara: la Administración de Justicia no es de los jueces, ni de los políticos, sino de los ciudadanos. Y estos pedimos sentido común y un proyecto serio y a largo plazo: mientras no tengamos claro cuál es el diseño de la Administración de justicia, de Administración misma, no queremos parches, reformas radicales y experimentales. Sobre todo, planteamientos claros y honestos, directos y sin vencedores ni vencidos.
Si quieren abandonar el diseño provincial, que lo digan claramente, sin ambages, sin más, pero que no se escondan los proyectos políticos.Pontevedra se merece claridad y valentía. La Justicia, honestidad y un sistema definido. Si perdemos la seguridad jurídica, ¡qué será de nosotros!
[1] Mientras las salas de Vigo tardan dos años en resolver los recursos de apelación, las salas de la Audiencia Provincial de Pontevedra en la capital tardan una media de dos a tres meses. Resulta, pues, ineficaz e inasumible el sistema de reparto de asuntos a las salas desplazadas de Vigo. La actual legalidad procesal despoja también de sentido, si alguna vez lo tuvo, el desplazamiento de salas a Vigo y reclama, por sentido común y eficacia, la vuelta a su origen. Esto es algo que todos los sectores implicados reconocen, aunque no todos lo confiesan.