¡España, ni caso, y además, todo lo contrario!
A pesar de lo que reproduzco a continuación, el Gobierno lo desoye y pretende reformar los Colegios profesionales de Abogados, reducir su número -pese a que no les cuesta un duro y prestan un servicio público- y restringir su actuación, en detrimento de la calidad del servicio, favoreciendo a los Registradores de la Propiedad, por ejemplo, otorgándoles más competencias exclusivas -sin ir más lejos con la reforma y semi-privatización de los Registros civiles-, pese a que el Consejo expresamente se refiere a la necesidad de liberalizar esos servicios:
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO (de la Unión Europea) sobre el programa nacional de reforma de 2012 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015:
(17) En España, los servicios profesionales siguen protegidos frente a la competencia. La reforma de los servicios profesionales podría aumentar el PIB potencial, dado que representan un importante insumo para otros sectores de la economía. Debe prestarse especial atención a la supresión de los obstáculos injustificados y desproporcionados para algunas profesiones altamente reguladas (por ejemplo, ingenieros, notarios, registradores de la propiedad y representantes legales).
Las reformas del Gobierno, más bien sus proyectos, casi tratados en secreto porque no circulan textos oficiales, están más encaminados a que los registradores ganen competencias que a la liberalización. No existen esperanzas de que el ciudadano vaya a tener que pasar menos veces por la notaría o el registro, sino todo lo contrario, va a tener que pasar y,por supuesto, pagar, por cosas que son tan habituales ahora y frecuentes como gratuitas, a saber: certificados de nacimiento, de defunción, matrimonio, etc.
Y si pretenden suprimir la colegiación obligatoria, o reducirla a la mínima expresión, ¿qué garantías podrá tener el ciudadano de que un asesoramiento de calidad o garantizado por un Colegio que vela por las reglas del juego? No puede dar crédito mi sentido común a que una liberalización salvaje, como la pretendida, pueda considerarse que favorece la competencia. Más bien favorecerá la INCOMPETENCIA. Veremos cómo se abren asesorías sin garantía alguna, ni de titulación, ni de preparación, ni de control.
Yo creo, sinceramente, que hay que establecer un control y exigir titulaciones para el ejercicio de ciertas actividades. No es posible que cualquiera pueda establecer una asesoría fiscal, laboral o contable sin una titulación suficiente,o bajo una denominación poco clara, se presten todo tipo de servicios sin cualificación profesional alguna. Todos conocemos ejemplos de este tipo. Seamos serios, por favor. O es que ¿no hemos aprendido nada con Afinsa y Forum Filatélico, o con las preferentes?. Si los más astutos burlan controles tan altos como el del Banco de España, ¡cuántos más burlarán las leyes y cuántos inocentes serán víctimas del mercado libre a campo abierto!
¡Ah!, se me olvidaba: ¿cuándo podremos los abogados representar a nuestros clientes en todos los ámbitos? Sin perjuicio de que lo puedan hacer también los procuradores, claro. Porque si ya lo podemos hacer en el ámbito administrativo, contencioso-administrativo, procedimiento abreviado penal, o en la jurisdicción social, ¿por qué el ministro Gallardón pretende otorgar exclusividad a los procuradores en la ejecución civil? Inexplicable, ¿o sí?
Aquí dejo los enlaces para su consulta literal (además, trata otros temas, como la educación, o la economía). No todo se sortea, algunas cosas las aplican: